Euskadi o el tinglado corrupto del PNV

…montado con financiación y todo tipo de facilidades por parte del Estado a principios de la Transición española: esa es la cuestión. Una cuestión que atañe a todos los ciudadanos de la Nación, en cuanto que “Euskadi” se mantiene gestionada por los abertzales pero a cuenta (muy onerosa) del bolsillo de todos los españoles, porque eso suponen estrictamente el sistema foral y el célebre “cupo”.

Ahora bien, antes de remontarnos al origen del problema, y por no desmerecer la calidad de la información sobre el último escándalo de corrupción en el corazón mismo de la administración vasca (abertzale), el conocido como “caso De Miguel” -el considerado como “el caso de corrupción más grande juzgado en el País Vasco”-, cabe incidir en que hablamos de unos 16 millones de euros en todo tipo de operaciones irregulares.

Y es necesario indicarlo porque la gravedad radica más bien en el modus operandi, que como bien sabe Arnaldo Otegui (y los demás: Podemos, PSE y PP, todos ellos socios de entretiempo del PNV) “no es la excepción, sino la norma”, como en la Cataluña de Pujol o en la Andalucía de PSOE y UGT, donde el Saqueo Institucionalizado de fondos públicos se ha alternado con las coimas y mordidas a empresas e inversores privados.

De nuevo, la falta de control de lo que hacen y deshacen los partidos políticos en las comunidades autónomas se encuentra en el origen de su impunidad, aunque en el caso del PNV (por su condición de defensor del particularismo vasco) existan además otros rasgos propios, ¡bien particulares!, que hacen del pequeño territorio de la CAV un campo abonado al dominio total de las corruptelas como forma de hacer política.

MÁS CORROMPIÓ LA ETA… DE LA MANO DEL PNV

Podríamos empezar por lo que le respondió el actual presidente del PNV Andoni Ortúzar al citado Otegui, al mencionarle la corrupción de su banda con la extorsión del “impuesto revolucionario”, si bien se quedó como de costumbre muy corto al equiparar ambas corrupciones: ¿pues no es peor crimen hacer del asesinato político bandera con el objeto de subyugar a la sociedad?

Pero lo curioso es que no reparara Ortúzar en el hecho de que el “caso Faisán”, simbólico de la extorsión etarra tanto como de la traición del Gobierno Zapatero a España y sus leyes, tuvo como imputados no solamente a etarras que recaudaban el “impuesto revolucionario”, sino a un tal Gorka Joseba Aguirre, burukide (miembro del EBB o máximo órgano rector del PNV) y mano derecha de Arzalluz, que murió oportunamente de un infarto antes de ser procesado por colaborar con banda armada.

Por no recordar que en tiempos de Ibarretxe como lehendakari la organización criminal recibía en fondos por sus grupos políticos y asociaciones y plataformas diversas, directamente del gobierno vasco y otras instituciones controladas por el PNV, más de la mitad de su presupuesto. En el libro ETA. El saqueo de Euskadi, José Díez Herrera e Isabel Durán refieren los datos de ingresos por cargos en ayuntamientos, a través de Udalbiltza, las “coordinadoras de alfabetización” AEK, etc.

Y aún quedaría hablar de LAB, el sindicato de ETA, que como el resto de las organizaciones pretendidamente “de los trabajadores” se financia mayoritariamente de los presupuestos públicos, aparte de lo que reciba por otros conceptos de las propias empresas, entes públicos y privados, etc. Básicamente, se puede afirmar que “el reparto de las nueces” ha sido una vieja costumbre abertzale para mantener al PNV en el poder y a ETA en el terrorismo, viva y con financiación suficiente.

EL REPARTO DE LAS NUECES

En un capítulo titulado como este epígrafe de su trabajo Arzalluz. La dictadura del miedo, Díez Herrera y Durán describen una serie de puntos específicos de la corrupción del PNV, que en todo caso apuntan todos a lo mismo: la creación de entes propios, con financiación suficiente, donde colocar a los próximos de cara a dominar esa futura administración “de Euskadi” independiente, mientras se ensancha la base social mediante favores y ayudas directas.

No sólo en la administración y empresas públicas, por cierto; pues los tentáculos del PNV ya en el poder en la CAV -una vez aniquilada la UCD a manos de ETA- se extienden por las empresas privadas, grandes y medianas, a las que en muchos casos se ha rescatado de apuros o de la misma quiebra con inyecciones directas de dinero público a fondo perdido, cuya opacidad a lo largo del tiempo revela exactamente lo que se ha pretendido ocultar.

No lejos quedaban los tiempos de la reconversión industrial con miles de millones de pesetas a cargo del Estado, cuando

a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, el gobierno vasco, por medio de la Consejería de Industria, establece una serie de ayudas oficiales a la reconversión, reestructuración y relanzamiento de los sectores industriales y de las empresas en crisis. (…) Los incentivos, tasados en unos cien mil millones de pesetas, no se entregan directamente a las empresas, sino que se conceden mediante empréstitos bancarios, a bajo interés, avalados por Ajuria Enea a una serie de sociedades, algunas de ellas ficticias, otras obsoletas e inservibles y la mayor parte de difícil o imposible recuperación económica. (…) De esta manera, numerosos empresarios simpatizantes o militantes del PNV se acogen a las ayudas, acuden a las entidades financieras a retirar los créditos avalados por el gobierno vasco y se embolsan el dinero. Años después, cuando los bancos ejecutan las garantías y el Ejecutivo intenta cobrar de las sociedades se encuentra en el mejor de los casos con montones de chatarra (…) y, al mismo tiempo, se envía a los obreros a cobrar de los Fondos de Garantía Social.”

Su conclusión es clara:

Una larga lista de casos de favoritismo y de presunta prevaricación, cuyos beneficiarios tienen en muchos casos la misma filiación política, queda así impune. Lo más sangrante es que de los 32.736 millones de pesetas avalados, a 31 de diciembre de 2000, el gobierno vasco sólo ha recuperado 1.221 millones, teniendo que hacer frente hasta el 2001 a garantías por 23.985 millones” que, evidentemente, han corrido a cuenta de nuestros impuestos.

VACACIONES FISCALES (PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES)

Las diputaciones forales se vieron obligadas finalmente a devolver la cuantía de las ayudas otorgadas -por lo menos parcialmente-, a fines de la primera década del presente siglo y por supuesto a cargo de los presupuestos públicos mantenidos con los impuestos sobre los contribuyentes vascos -y, debido al “pufo” vasco, a cuenta asimismo de los ciudadanos españoles-. Pero ¿en qué consistían exactamente estas “vacaciones fiscales” para empresas “a promover”, o en problemas, o de “alto riesgo”… en el contexto de la extorsión terrorista?

El gobierno vasco y las diputaciones forales bajo control nacionalista, siguiendo las instrucciones del presidente del partido, arbitran una serie de incentivos para evitar la “fuga” de sociedades y atraer otras nuevas. Mientras las diputaciones otorgan créditos fiscales subvencionados hasta en un 45 por ciento a las empresas que inviertan más de 2.500 millones de pesetas, el Ejecutivo autónomo concede “vacaciones fiscales”, de hasta el 99 por ciento del impuesto de sociedades, prorrogables hasta cuatro años”. (…) “Las medidas se aplican desde 1987 hasta 2000. En ese periodo, según los datos oficiales, 75 empresas se acogen a las “vacaciones fiscales” y otras 73 a las ayudas públicas a la inversión de las diputaciones.” (…) De esta manera, algunas de las empresas que ETA hunde con el llamado “impuesto revolucionario” son reflotadas con fondos públicos, ayudas fiscales y desgravaciones o, lo que es lo mismo, el gobierno vasco, con los impuestos de todos los ciudadanos, paga indirectamente las balas y la Goma-2 de la organización terrorista.”

Todavía más:

Un estudio en poder del PP revela que sólo en los años 1999 y 2000, las treinta empresas más importantes que se acogieron a los incentivos se ahorrarán 186.722 millones de pesetas (sobre unas inversiones de 414.937 millones) por las exenciones del 45 por ciento a la inversión concedidas por la Diputación de Vizcaya. Las más beneficiadas fueron Empresa Petróleos del Norte (31.500 millones); Euskaltel (31.125 millones), Bahía de Vizcaya Gas (24.367 millones), Bahía de Vizcaya Electricidad (24.367 millones), Vizcaya Energía (22.109 millones), Acería Compacta de Vizcaya (14.151 millones), Eroski (13.711 millones). En la lista figuran también sociedades ligadas al PNV o a militantes del partido, como Editorial Iparraguirre [editora del diario Deia] o Conservas Garavilla, hoy en la órbita del BBVA, que reciben 1.038 y 1.215 millones de pesetas, respectivamente.”

LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PNV

Los datos del Tribunal de Cuentas sobre financiación de partidos políticos correspondientes a los años 1995, 1996, y 1997 recogen que el PNV recibió subvenciones de entes públicos por un importe de 1.497.990.021 pesetas. De esa cifra, 863.901.212 pesetas corresponden a ayudas del gobierno vasco, juntas generales y ayuntamientos, no contempladas en la Ley de Financiación de Partidos de 1987. Se trata, por lo tanto, como advierte el alto tribunal fiscalizador, de ayudas ilegales.”

Hablamos de un Partido que se ha enquistado en el Estado (la administración vasca) como el Fascismo, que prácticamente lo ha asimilado al funcionamiento de la organización abertzale y que se vale de él para la expansión de su doctrina y de los tentáculos de su movimiento, por ejemplo a través de la red de cerca de medio millar de sedes o batzokis que posee en territorio de la CAV.

Aunque el inmovilizado material declarado en 1995 asciende a 8.154 millones de pesetas, el valor patrimonial del conjunto de edificios propiedad del PNV se calcula en no menos de veinte mil millones, muchos de los cuales están adquiridos a nombre de intermediarios o de sociedades patrimoniales como Garapen, Campbell o Fibro-Cementos Aurrerá [propietarias de la Sabin Etxea o sede central del partido en Bilbao] o testaferros como ocurre en Guipúzcoa, donde el partido nacionalista reconoce disponer de propiedades por un valor de 808.912.000 pesetas. A esa cifra hay que sumar un crédito por otros 921.396.000 pesetas que el PNV exige a Eusko Alkartasuna, que sigue activado en sus balances, y corresponde a los batzokis escriturados a nombre de sociedades interpuestas que quedan para uso del partido de Carlos Garaikoetxea, tras la ruptura con el PNV.” [Según datos del Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización remitido al Congreso el 6 de abril de 2000.]

Semejante poder de penetración en la sociedad hace que sea difícil evitar toparse con cualquier “autoridad”, testaferro, delegado o mero comisionista del PNV a la hora de hacer negocios por aquí. En palabras explícitas de un constructor madrileño a los autores del libro, “en Euskadi no se adjudica ni una sola obra pública, se recalifica un terreno o se concede una licencia de construcción sin pasar previamente por caja a satisfacer el correspondiente “peaje” a los supuestos intermediarios del PNV”.

Y ello porque, al par que el Estado se retiraba de “Euskadi”, el PNV se dedicaba a la ampliación del sector público: “Entre 1989 y 1999, gobierno autónomo, diputaciones generales y ayuntamientos crean 141 empresas públicas controladas mayoritariamente por entidades oficiales, 38 donde la participación del dinero público es inferior al 50 por ciento del capital y participan en otras 58 con capital privado. De esta manera, 231 sociedades funcionan en mayor o menor cuantía con dinero pagado por los contribuyentes de la comunidad.” (…) Sin embargo, es en la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) donde el gobierno vasco despilfarra más dinero. Aunque SPRI figura como accionista de los parques tecnológicos de Zamudio (Vizcaya), Álava y San Sebastián, dedicadas al fomento de nuevas empresas, gran parte de sus inversiones son de dudosa rentabilidad.”

SIGLO XXI: MÁS CAMBALACHES

De vuelta en nuestro siglo XXI, se suceden las dinámicas de la corrupción del PNV, como se aprecia por los recientes casos relacionados de “Hiriko” (quiebra de la empresa promotora del coche eléctrico “vasco”, después de percibir 15,7 millones de euros en ayudas públicas, ¡14,7 procedentes del Ministerio de Ciencia e Innovación!) y “Epsilon” (quiebra del proyecto de contar con un coche “vasco” en la F1, 50 millones de ayudas al traste incluido un aval encubierto de 16 millones del parque tecnológico de Miñano, presente en toda la trama del caso “De Miguel”).

En Guipúzcoa, en la primera década de siglo, tenemos el fraude detectado en la Hacienda Foral de Irún (6 millones de euros) a cargo de los hermanos Bravo, José María y Víctor, este último antiguo senador del PNV y antes de ello director general de la Hacienda Foral. Aunque también se vio salpicado el candidato de Joseba Egibar a presidir en 2007 la Diputación -y a convertirse en máximo responsable de la Hacienda Foral, a fin de cuentas-, Jon Jáuregui, a quien según la SER (con informes filtrados de la misma Hacienda foral ) se le olvidó declarar los ingresos por el alquiler de dos de sus seis viviendas…

No es menor en todo caso este patrimonio para un señor de oficio “alcalde de Beasain por el PNV” durante ocho años. Entonces hubo de retirarse por el escándalo siendo sustituido por un tal Markel Olano, supuesto “cerebro” del pacto de Estella entre el PNV y ETA; pero en la actualidad ocupa cargos de responsabilidad en el PNV y en Kutxabank.

Las más célebres “puertas giratorias” fueron no obstante para el ex lehendakari José Antonio Ardanza, recolocado como presidente de Euskaltel, o para el ex presidente del PNV Josu Jon Imaz, presidente de Petronor (antigua Petróleos del Norte, actual filial de Repsol, de la que a día de hoy es consejero delegado). Lo que enlaza a su vez con el proyecto abertzale de suficiencia energética a través del Ente Vasco de la Energía (EVE) y de la misma Iberdrola, o con la creación de una red de telecomunicaciones propia con Sarenet y Euskaltel (en su día se vetó la entrada en la CAV al operador Amena), o con el control e instrumentación de las cajas de ahorro…

En Euskadi, las cajas de ahorro no son cualquier cosa. Tienen un 50 por ciento del mercado local de recursos financieros, mientras la cuota media de las cajas españolas no supera el 42 por ciento. Dotadas de una gran cartera de participaciones industriales -CAF, Acería Compacta de Bilbao, Iberdrola (5 por ciento), Airtel, Euskaltel, Hidrocantábrico-, las cajas están en las empresas estratégicas, las de capital riesgo y en las autopistas.”

Hasta que llegó la crisis, se hundieron las cajas y de sus cenizas resurgió… Kutxabank -si bien hasta la fusión del BBV con Argentaria en 1999, bajo el primer Gobierno Aznar, el “gran banco vasco” iba a ser el de los Ybarra y compañía-.

LA RED ABERTZALE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde antes de la misma creación de la EiTB, un reducido grupo de dirigentes del PNV creó la empresa Eresoinka para proveer de servicios a la cadena (contenidos, doblaje y, con el tiempo, creación y gestión de la publicidad en radio y televisión, teletexto, etc). Aparte fundó Editorial Iparraguirre, editora de Deia, que a la postre sería germen del Grupo Noticias que publica Noticias de Gipuzkoa y Noticia de Navarra -a todo esto producto de una joint venture con el Grupo PRISA en tiempos en que vivía aún Jesús Polanco, que pretendía así ganarse el favor del PNV para penetrar con Localia, su red de emisoras alegales de TV, en el País Vasco-.

Hace pocos años se destapó un caso de publicidad encubierta del PNV en los diarios del citado Grupo Noticias, que pagaba publicidad favorable al ejecutivo Urkullu como si fuera información -lo que se ha imputado como crimen terrible a varios consejeros del PP en las comunidades de Madrid y Valencia-, sin que ello haya supuesto mayor (¡mayor!) desprestigio para el ejecutivo, el partido o la red de medios que controlan los abertzales.

Casos como éste son, efectivamente, “la norma y no la excepción”, como sufragar con fondos públicos la parte del león de la industria del euskera, de los audiovisuales a las editoriales, pasando por las ferias y las ayudas a los comercios “en euskera”, ¡incluso a clubes de presupuestos millonarios como el Athletic de Bilbao o la Real Sociedad por su “promoción del euskera”! Por no reiterar la creciente supeditación al movimiento abertzale de la Universidad Pública del País Vasco.

Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos y cientos de entes públicos multiplican los puestos y las transferencias para autofinanciar el movimiento que lidera el PNV, a veces con el permiso de ETA, aunque haya que reconocer que sólo LAB, de cuando en cuando, se atreve a denunciar cómo las productoras amigas de alguien como Andoni Ortúzar, presidente del PNV, tienen la práctica exclusiva del suministro de servicios y contenidos a la EiTB -de la que Ortúzar, aun siendo jefe del PNV en Vizcaya, era simultáneamente director-.

CONCLUSIÓN

Por todo ello, uno nunca acaba de saber a ciencia cierta si el PNV es peor -más peligroso y nocivo para la sociedad- por su corrupción económica, política o moral; o lo que es lo mismo: por ladrón, por autoritario o por cómplice de los terroristas. Pero después de cuatro décadas de saqueo y corrupción al por mayor las consecuencias sí que debieran estar claras: “Euskadi” también está en quiebra, y no sólo demográfica; la alimenta artificialmente un Estado español que ahora se desangra por la quiebra aún más grave de Cataluña a manos de su corrupta casta política.

Ya no hay fondos para seguir sobornando a todo hijo de vecino. Por eso, y más que nada por eso, de tanto en tanto alguien canta lo que sabe y se destapa una pequeña parte del negociado inmenso que se traen las facciones políticas en cada comunidad, en cada provincia, en cada ayuntamiento. Y entonces se da que algunos intermediarios de poca monta acaban en los tribunales, pero debiera parecernos evidente que el problema de verdad es el entramado de fondo, y no el vulgar chorizo.

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